Más de 9.000 profesionales se unen ante la discriminación que sufren en la Función Pública

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Nace la Plataforma por la normalización del Grupo A, integrado por colegios profesionales y sindicatos de ámbito sanitario. El actual Anteproyecto de Ley de la Función Pública, “no reconoce” y “coarta” los derechos de los funcionarios del Grupo A2. La Plataforma denuncia una doble segregación: a la hora de acceder a puestos directivos y grupos de investigación.

Más de 9.000 profesionales públicos del ámbito sanitario se han organizado para crear la Plataforma por la normalización del Grupo A de la Función Publica. Una organización que se ha presentado oficialmente este miércoles, 27 de junio, en la capital aragonesa. El objetivo del colectivo es claro: poner fin la “discriminación” que sufren los funcionarios del Grupo A2 (anteriormente Grupo B) en el actual Anteproyecto de Ley Función Pública de Aragón.

Emmanuel Echániz Serrano, Vpdte. de la Plataforma (Vpdte. Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza) y Sandra Abad Galdeano, Secretaria de la Plataforma (Vpdta. Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón) han sido los encargados de presentar a los medios a este grupo en el que también participan el sindicato SATSE; el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón; el Colegio Profesional de Logopedas de Aragón y el colegio profesional de Trabajo Social de Aragón. Según el vicepresidente de la Plataforma, el actual Anteproyecto de la Ley, “no reconoce los derechos de los funcionarios del Grupo A2, los cuales se ven coartados en sus posibilidades de desarrollo profesional”. Un texto que parece obviar la implantación hace una década del Plan Bolonia para la equiparación de las titulaciones europeas. Plan que ha introducido importantes cambios en el actual sistema universitario, desapareciendo, por ejemplo, clasificación entre licenciaturas y diplomaturas. Este anteproyecto, en palabra de Echániz, viene a profundizar el “anacronismo” de la situación y “vulnera claramente” el artículo 23 de la Constitución al impedir el acceso en igualdad de condiciones a cargos públicos. En la actualidad la mayoría de los títulos son Grado Universitarios, y se cursan en el plazo de cuatro años. Por ello, a juicio de la Plataforma, “el continuar estableciendo diferencias entre funcionarios del Grupo A1 y Grupo A2 es contrario a esta normativa legal, porque impide el acceso y desarrollo a determinados ámbitos profesionales, sin tener una justificación y vulnerando la normativa vigente”.

En concreto se han planteado los siguientes problemas:

• Discriminación para el acceso a puestos de directivos: Se establece que para ocupar un puesto directivo dentro de la Administración se exige tener una titulación clasificada como A1. Esto supone que no puedan acceder los funcionarios del Grupo A2 a puestos de responsabilidad, impidiendo su desarrollo profesional.

• Discriminación para el acceso a grupos de investigación: La Orden IIU/1874/2017, de 22 de noviembre, aprueba las bases para la concesión de subvenciones destinada a financiar proyectos estratégicos de los grupos de investigación, de I+D+i en el marco de la generación de conocimiento científico y técnico, y de proyectos de excelencia para la mejora de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de la sociedad. En la indicada Orden se dispone que los investigadores deberán estar vinculados por una relacional funcionarial, estatutaria o laboral con un centro u organismo de investigación de ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, debiendo pertenecer al Grupo A1, y no incluyéndose a los funcionarios pertenecientes al Grupo A2. Con esta normativa se relega a los trabajadores del grupo A2 a meros colaboradores, siendo que, en la actualidad en la Universidad de Zaragoza, existen grupos de investigación entre los funcionarios pertenecientes a dicho grupa categoría.

• Discriminación en convocatorias de acceso a puestos públicos: Se impedirá que funcionarios del Grupo A2 se puedan presentar a plazas de la Administración pública de responsabilidad, a pesar de la equiparación existente entre las titulaciones de Grado en la universidad española.

Sandra Abad ha manifestado que ya se han traslado estas reivindicaciones a los agentes políticos de la Comunidad. En primer lugar, se ha comunicado, mediante carta, a los Departamentos de Hacienda y Administración Pública e Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón las reivindicaciones de la Plataforma. Abad ha añadido que de dichas misivas no han obtenido respuesta alguna. Además, y dado que el texto normativo todavía está en fase de anteproyecto, se va a iniciar una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Aragón para que tomen conciencia de la vulneración del principio de igualdad de acceso a la función pública y sus diferentes puestos que recoge el actual anteproyecto. Además, Abad ha indicado que se va a solicitar, a nivel nacional, el apoyo de los Consejos Generales Profesionales y ja hecho un llamamiento para que el resto de trabajadores públicos afectados por esta situación, como por ejemplo diplomados en Magisterio o los poseedores de Ingenierías Técnicas, se sumen a la Plataforma.